QUIEN ES EL INVASOR.

Por Edito Hidalgo.-

Hemos observado el desalojo de las comunidades originarias (principalmente el pueblo mapuche) en la Patagonia de Argentina y Chile, lo cual responde a un conflicto histórico y estructural por la tenencia de la tierra y la misma existencia humana. En este escenario chocan los reclamos de posesión ancestral indígena con los derechos de propiedad registrados legalmente por el Estado, empresas y particulares. Aunque el trasfondo de despojo territorial comenzó en el siglo XIX con las campañas militares de ocupación de ambos Estados (como la Campaña del Desierto en Argentina y la Ocupación de la Araucanía en Chile), los desalojos actuales obedecen a causas económicas, jurídicas y políticas muy específicas:

1. Intereses económicos y proyectos extractivos. La Patagonia es una región rica env recursos naturales, lo que despierta el interés de grandes corporaciones nacionales y extranjeras. Los territorios habitados de forma tradicional por las comunidades indígenas coinciden con zonas codiciadas para: Industria inmobiliaria y turística: Especialmente en áreas de alta plusvalía cerca de lagos y montañas (como Villa La Angostura o Bariloche), donde existen fuertes presiones para desarrollar proyectos turísticos de lujo o barrios cerrados. Explotación energética y minera: Proyectos de petróleo, gas (como los yacimientos cercanos a Vaca Muerta) y minería a gran escala presionan para avanzar sobre suelo indígena. Industria forestal (Principalmente en Chile): Grandes plantaciones de monocultivos (pino y eucalipto) de empresas forestales han cercado históricamente a las comunidades, secando las napas de agua y detonando choques territoriales directos.
2. Cambios políticos y desregulación legal en Argentina. El escenario de desalojos en la Patagonia argentina se ha acelerado notablemente debido a un giro en las políticas de tierras:
   1.1.- Fin de la Emergencia Territorial: El gobierno nacional derogó normativas clave (como la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena) que frenaban los desalojos mientras se realizaban los relevamientos de tierras. Al eliminarse este paraguas legal, los jueces civiles reactivaron de forma exprés órdenes de expulsión que llevaban años congeladas. Leyes de Propiedad Privada: Se impulsan reformas orientadas a flexibilizar la venta de tierras a extranjeros y blindar de forma absoluta los títulos de propiedad inscritos formalmente, desestimando la ocupación comunitaria preexistente.
3. El choque judicial: Propiedad registrada vs. Posesión ancestral, nivel legal, existe una gran inseguridad jurídica para las comunidades: Mientras la Constitución y convenios internacionales (como el Convenio 169 de la OIT) reconocen el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras comunitarias, los tribunales locales suelen fallar a favor de particulares o empresas que ostentan títulos de propiedad emitidos por el Estado en décadas pasadas. Un claro ejemplo reciente de este choque ocurrió en agosto de 2026 en Neuquén con el violento desalojo de la Lof Kinxikew en beneficio de una familia de origen belga, a pesar de que agencias estatales habían reconocido previamente la ocupación tradicional mapuche en ese lote.
4. Criminalización y discursos de seguridad nacional. Para justificar la intervención de las fuerzas policiales y militares (como Gendarmería o grupos tácticos), desde sectores políticos y mediáticos se suele catalogar a las comunidades movilizadas como «usurpadores», «terroristas» o «amenazas a la soberanía nacional». Al encuadrar el conflicto social como un asunto puramente delictivo o de «seguridad pública», los gobiernos provinciales y nacionales legitiman el uso de la fuerza y evitan entablar mesas de diálogo político sobre la deuda histórica de tierras.
   Estás invasiones han venido ocurriendo, sobre todo en toda Latinoamérica Desde la llegada del primer invasor Cristóbal Colon