Por: Italo Urdaneta En los últimos días, los sectores más radicales de la oposición venezolana han desatado una nueva y previsible ola de desinformación. Incapaces de conectar con las necesidades reales del país y aferrados a una agenda de confrontación estéril, han puesto en marcha una campaña de descrédito contra la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, utilizando como excusa los convenios energéticos suscritos recientemente con los Estados Unidos. Con un relato falaz, pretenden inyectar la narrativa de que dichos acuerdos son «ilegales» y que constituyen un supuesto «saqueo» de los recursos patrios. Es imperativo, entonces, desarmar estas mentiras con datos, derecho constitucional y visión de Estado. En primer lugar, resulta jurídicamente absurdo y políticamente malintencionado cuestionar la legitimidad de la gestión que conduce la presidenta Delcy Rodríguez. El Ejecutivo Nacional actúa en estricto apego a las atribuciones que le confiere la Constitución y las leyes de la República, promoviendo una diplomacia de paz, cooperación y beneficio mutuo. Las alianzas estratégicas firmadas con corporaciones internacionales y potencias extranjeras cuentan con el respaldo del ordenamiento jurídico venezolano, tras las reformas necesarias para dinamizar la industria de los hidrocarburos, y buscan un objetivo primordial: transformar la inmensa riqueza del subsuelo en bienestar concreto para los venezolanos. Frente al cuento repetido hasta el cansancio por la extrema derecha de que EE. UU. «saquea» el petróleo nacional, la realidad económica demuestra exactamente lo opuesto. Estamos hablando de un esquema de asociación en 17 campos estratégicos que contempla una inyección masiva de capital privado internacional superior a los 100.000 millones de dólares. Lejos de entregar el crudo, Venezuela preserva la propiedad soberana de sus recursos mientras moviliza una industria que sufrió los embates criminales del bloqueo y las sanciones económicas promovidas, paradójicamente, por esos mismos sectores radicales que hoy critican. Los números no mienten y desbaratan el relato opositor: se proyecta que estos convenios generen más de 209.000 millones de dólares en materia de tributos e impuestos para la nación. Esos ingresos fiscales no son cifras abstractas; representan los recursos frescos indispensables para apuntalar la modernización definitiva de los servicios públicos, robustecer el sistema de salud, optimizar la educación y rescatar la infraestructura nacional. ¿Es esto saqueo? No. Es soberanía ejercida con pragmatismo y sentido patriótico para poner la riqueza petrolera al servicio de la gente. Pretender que Venezuela permanezca aislada, con sus pozos cerrados y su capacidad productiva estrangulada, solo respondía a los intereses mezquinos de quienes apostaron por la implosión del país para cobrar réditos políticos personales. Hoy, la nueva etapa de relaciones bilaterales con Estados Unidos se construye bajo el respeto mutuo y el entendimiento de que los intereses energéticos de ambas naciones pueden cruzarse de manera virtuosa. La narrativa agorera de la extrema derecha fracasará una vez más, porque el pueblo venezolano respalda el camino de la producción, el trabajo y la estabilidad económica. Con liderazgo firme, pulso seguro y visión de futuro, el gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez consolida a Venezuela en el mapa energético global, demostrando que nuestra soberanía no se regala, se defiende produciendo y prosperando en paz. Navegación de entradas Sin timbre y sin distancia Memorias de un escuálido en decadencia | Histórico
