Por Edito Hidalgo.


Actualmente se debate sobre las violaciones al debido proceso y las implicaciones geopolíticas de la captura de mandatarios o figuras de alto nivel genera análisis profundos desde la perspectiva del derecho internacional y las relaciones exteriores.

​1. El debido proceso y la jurisdicción internacional
​Extraterritorialidad de la ley: La captura, secuestro o extracción de ciudadanos extranjeros sin un proceso previo de extradición formal suele ser criticada por juristas internacionales por ser una violación de la soberanía nacional y del principio del debido proceso. La doctrina judicial en EE. UU. (como la Doctrina Ker-Frisbie) ha sostenido históricamente que la forma en que un acusado es llevado ante un tribunal no anula la jurisdicción del juez para juzgarlo por delitos penales, aunque esto entra en conflicto directo con las normas tradicionales del derecho internacional.

​ Inmunidad diplomática y de soberana: La defensa de altos funcionarios procesados en el extranjero suele invocar la inmunidad de jurisdicción (ratione personae o ratione materiae). Cuando un tribunal de otro país desestima esta inmunidad, sienta un precedente complejo sobre los límites del reconocimiento diplomático y la aplicación extraterritorial de la ley penal.

​ 2. ¿Representa un amedrentamiento para otros países?
​El uso de la fuerza o de operaciones militares/policiales internacionales para capturar a líderes políticos genera diversos efectos geopolíticos:
​Efecto disuasorio: Para los gobiernos que realizan estas acciones, el objetivo formal es demostrar que la jurisdicción penal por delitos como el narcoterrorismo, la corrupción o violaciones a los derechos humanos no respeta fronteras ni cargos políticos.
​Tensión diplomática y precedentes: Para la comunidad internacional y organismos multilaterales, la captura no consensuada de jefes de Estado o figuras de poder puede ser vista como un quebrantamiento del principio de no injerencia de la Carta de las Naciones Unidas.

​ Riesgo de polarización: En lugar de amedrentar de forma homogénea, estas acciones suelen llevar a otros países alineados a endurecer sus defensas, buscar alianzas geopolíticas alternativas (con potencias rivales) o elevar sus medidas de seguridad interna frente a posibles acciones similares.

Lo ocurrido está semana con el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa la Diputada Cilia Flores ya que El juez Alvin Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, denegó la solicitud de arresto domiciliario (casa por cárcel) y libertad bajo fianza formulada por la defensa de Cilia Flores.

​Los motivos principales argumentados por el tribunal y la fiscalía estadounidense para rechazar la petición incluyen:
​Gravedad de los cargos: Los delitos imputados, incluyendo cargos por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y posesión de armas de fuego; conllevan penas severas de entre 40 años de prisión y cadena perpetua. El tribunal determinó que la gravedad del caso exige que permanezca bajo custodia penal, ya que también existe ​riesgo extremo de fuga, La fiscalía argumentó que existe un riesgo elevado de que evada la justicia alegando que la ​Capacidad de atención médica en prisión y Aunque la defensa presentó alegatos sobre afecciones cardíacas y complicaciones físicas recientes, el sistema judicial consideró que el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn puede contar con la capacidad operativa para prestar la atención de salud requerida o realizar los traslados médicos pertinentes sin necesidad de otorgar la medida de prisión domiciliaria.

Esto corrobora una vez mas la falsa matriz de que en EE.UU. existe una total democracia que los poderes son libres, Pero en este caso están sometidos al poder de Trump.

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