La verdad detrás de la transformación de la avenida Carabobo de San Felipe!

Por. Ítalo Urdaneta

​Las ciudades no son museos estáticos; crecen, se modernizan y se adaptan a las demandas de sus habitantes.

Recientemente, el anuncio del proyecto de renovación urbana en la emblemática avenida Carabobo de San Felipe, impulsado por el gobernador de Yaracuy, Leonardo Intoci, que contempla espacios turísticos y mejoras integrales para la Escuela Técnica Rómulo Gallegos, ha desatado una discusión tan predecible como hipócrita: la pretendida crisis ambiental por el retiro de un reducido grupo de árboles.

​Frente al griterío opositor, es imperativo revisar el andamiaje jurídico venezolano. La Ley Orgánica del Ambiente y la propia Constitución establecen con absoluta claridad que la ejecución de obras de infraestructura para el beneficio general responde al principio de utilidad pública. Ninguna administración regional está atada de manos cuando se trata de modernizar arterias viales, rescatar espacios para el turismo o dignificar centros educativos, respaldada siempre por los avales técnicos y los permisos correspondientes que justifican la intervención urbana planificada.

​Sin embargo, la política de sectores extremistas nunca desaprovecha una oportunidad para intentar sacar rédito del desgaste ajeno. Voceros de la oposición han saltado de inmediato a calificar de «ecocidio» la medida, corriendo presurosos a las puertas de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

¿De qué ecocidio hablan con tanta desfachactura?

Conviene refrescarles la memoria a estos falsos profetas de la ecología: durante los años de violencia extrema de las llamadas guarimbas (2014-2017), sectores de esa misma oposición aplaudieron o callaron cómplices cuando fueron arrasados e incendiados más de 7.000 árboles en corredores viales cruciales como la avenida 5 de Julio en Maracaibo y amplias zonas de Caracas.

​En aquel entonces, cuando la furia vandálica destruyó el pulmón vegetal de ciudades enteras, ninguno de los actuales «ambientalistas de ocasión» en Yaracuy se rasgó las vestiduras ni acudió a tribunales a clamar por la naturaleza. Hoy, en cambio, montan todo un show político por la intervención controlada de apenas 19 árboles que ceden su espacio para dar paso al desarrollo, al bienestar social y a la modernización de San Felipe. Su indignación selectiva no es más que una farsa montada con intereses partidistas.

​Por supuesto, la gestión eficiente también se blindará con transparencia institucional. Socializar los estudios fitosanitarios y los planes de arborización compensatoria es la mejor respuesta ante la manipulación. Al final del día, las estructuras obsoletas dan paso a escuelas renovadas, espacios de encuentro y avenidas funcionales que el pueblo yaracuyano sabrá valorar. Los intentos de judicializar la gestión gubernamental a través de alarmismos fingidos se disiparán ante la realidad de los hechos: el desarrollo no se detiene con consignas vacías, y Yaracuy sigue marchando hacia adelante.

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