Por. Italo Urdaneta Al buen entendedor con pocas palabras basta. El jefe de la Comisión Presidencial para la Reestructuración del Estado, Héctor Rodríguez, calificó de «insostenible» la nómina de 3,5 millones de empleados públicos y planteó una reforma para reducir la burocracia, revisar el estatus de las instituciones y adaptar la administración del Estado a la realidad económica actual. El anuncio, que pudiera ajustarce a la realidad, sin duda ha despertado en el sector público extrema preocupación, por cuanto se deja entrever que vienen despidos masivos. De nuestra parte no quisiéramos pensar que se van a comenzar aplicar las tradicionales recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que entre otras ‘recomendaciones’ señala que los países que deseen entablar relaciones con ese ente financiero internacional, como es el caso de Venezuela, debe ceñirse a las pautas del organismo. Ya hemos visto antes que las medidas del FMI mandan a reducir el número de empleados públicos, y eso dió pie, recordemos, que se desataran las manifestaciones de calles, en el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, que dió origen de manera inmediata a «El Caracazo», que dejó más de 3 mil fallecidos, producto de la represión que ejercieron los Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ejército, para contener los saqueos y las manifestaciones. Todo porque en ese momento las familias venezolanas, que decidieron tomar las calles, no tenían recursos de como cubrir la demanda de alimentos y los gastos ordinarios. Recordemos que el ministro Héctor Rodríguez, a cargo de la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno, acaba de advertir sobre la compleja situación financiera que representa la administración de una nómina estatal compuesta por aproximadamente 3,5 millones de trabajadores. Aseguró, en tal sentido, que el actual andamiaje burocrático, que incluye 35 ministerios, cerca de 150 viceministerios y miles de institutos autónomos, resulta insostenible para el funcionamiento y equilibrio de las finanzas públicas. Durante un encuentro sostenido con la Asamblea Nacional, Rodríguez destacó que el objetivo de esta reestructuración, con un plazo de ejecución de 90 días, no es el desmantelamiento de las funciones del Estado, sino su simplificación y modernización. El Ejecutivo busca evaluar la fusión o supresión de entes con duplicidad de funciones, un proceso que abre la interrogante sobre el futuro de miles de cargos administrativos y contrataciones dentro del tren gubernamental. En el sector laboral y gremial, esta revisión ha generado expectativas y preocupación. Diversas voces sindicales advierten que la cifra de afectados podría ser significativamente mayor a los 3,5 millones reportados de manera oficial, ya que las estimaciones privadas incluyen dentro de los compromisos financieros del Estado a un importante número de jubilados y pensionados. Ante el temor de despidos masivos o recortes en las instituciones, la Comisión ha extendido una serie de asambleas y consultas públicas con el propósito de recoger propuestas del Poder Popular y distintos sectores, asegurando que se buscarán mecanismos para proteger los puestos de trabajo mientras se garantiza la sustentabilidad de la administración pública. Estimamos, según lo que se ha podido conocer, hasta ahora, que si las medidas de reestructuración y reingeniería gubernamental derivan en despidos masivos de empleados o en el cese de privilegios para grupos organizados, se habla soterradamente de los ‘ Colectivos’, podrían desencadenarse jornadas de protestas alentadas por el sector sindical, especialmente en sectores críticos como educación y salud, pero además jornadas de protestas, huelgas y paralizaciones nacionales, estiman algunos analistas. Se destaca que la exigencia principal sería el respeto a la inamovilidad laboral y el pago de liquidaciones y pasivos laborales completos e indexados. Pero además, y esto sería muy grave para el gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez, una reducción drástica de personal afectaría la base de apoyo político del Ejecutivo. Los empleados despedidos, al perder sus ingresos fijos y el acceso a beneficios del sistema de protección social, engrosarían las filas de la economía informal o se sumarían a la polarización sociopolítica. Vale destacar que aquí entraría en acción la extrema derecha que apoyan a la líder de la oposición para ‘pescar en río revuelto’. No tendría nada de raro que los grupos violentos que dirigió en el pasado reciente la propia MCM y Edmundo González, vuelvan a tomar las calles para encender la ‘candelita’, todo con miras a desestabilizar al gobierno de Rodríguez, buscando que renuncie y se convoquen de inmediato elecciones. En caso de que se intente limitar o recortar los financiamientos y espacios de poder de los afamados ‘colectivos’, se corre el riesgo de focos de inestabilidad, protestas violentas y tensiones en las comunidades donde estos grupos ejercen control territorial y social, opinan algunos expertos. Pero la cosa no termina allí. Los trabajadores afectados podrían recurrir a la vía judicial a través de los tribunales laborales en un intento de frenar los despidos injustificados y exigir el reenganche, lo que podría llevar al colapso del sistema legal administrativo. Pero a nivel internacional estos anuncios del gobierno, insistimos, por demás preocupantes, han encendido el debate sobre si el gobierno comienza a aplicar políticas de ajuste fiscal ortodoxo (austeridad, reducción de gasto público, achicamiento del Estado) similares a las dictadas por el FMI, lo cual generaría cuestionamientos políticos tanto a nivel interno como por parte de aliados internacionales. Hay un punto neurálgico que los analistas califican de grave. Advierten que el impacto de una medida unilateral contra grupos civiles armados o «colectivos» podría desestabilizar la seguridad interna y golpear severamente la base de apoyo político del gobierno. Consideran, al mismo tiempo, que en el contexto de la reforma del Estado, liderada en este caso por Héctor Rodríguez, tocar a estas estructuras implica un alto riesgo de gobernabilidad. Un análisis que nos ha suministrado también la IA, para reforzar lo aquí planteado, indica que esta medida resulta tan compleja y potencialmente contraproducente por lo siguiente: El quiebre del control territorial y la seguridad. Focos de violencia urbana: Estos grupos ejercen el control social y territorial en barriadas clave. Desincorporarlos de la nómina o quitarles el financiamiento de forma abrupta podría desatar protestas violentas, disturbios y el uso de armamento en las calles. Riesgo de atentados y sabotajes: Al contar con capacidad de fuego y organización interna, un sector desplazado podría mutar hacia la insurgencia o el crimen organizado básico, ejecutando acciones de sabotaje contra servicios públicos o instituciones del Estado. Costo político ante eventos electorales.Pérdida de la base de movilización: Tradicionalmente, estas organizaciones han funcionado como el brazo de movilización comunitaria del oficialismo. Despedirlos o debilitarlos antes de procesos electorales restaría fuerza de movilización en los centros de votación. Fractura ideológica interna: Una acción de este tipo sería leída por las bases radicales como una traición al proceso revolucionario o una capitulación ante políticas de ajuste de corte neoliberal, dividiendo el voto oficialista. El dilema de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez…Para el gobierno de la mandataria encargada, abrir un frente de conflicto con civiles armados mientras se intenta aplicar un ordenamiento económico genera un escenario de doble inestabilidad (económica y civil). El Estado se vería obligado a usar a la Fuerza Armada Nacional (FANB) o a los cuerpos policiales para contener a sus antiguos aliados, lo que expondría divisiones internas ante la opinión pública internacional. Esperemos que está situación final no se vuelva a repetir, pero lo que si está sobre la mesa es la necesidad de tomar decisiones muy acertadas que eviten hacer lo menos traumático cualquier cambio que se quiera llevar acabo en lo inmediato, con la idea de descongestionar al Estado y hacerlo más eficiente y productivo en favor de todos los venezolanos, en especial de las familias más vulnerables. Navegación de entradas Memorias de un escuálido en decadencia | Rendición Venezuela: La Libertad como Eje Estratégico de nuestra Estructura Nacional.
