¡Venezuela ante la encrucijada: El límite de la institucionalidad frente a la realidad fáctica!

Por: Italo Urdaneta.-

Venezuela atraviesa hoy una de las horas más complejas y determinantes de su historia republicana.

El pasado 2 de julio, el reloj constitucional se detuvo. Al cumplirse el plazo máximo de 180 días establecido para la suplencia temporal del Presidente, el país entró formalmente en un territorio desconocido donde la retórica, tanto de la oposición como la oficial, chocan frontalmente con la realidad política.

La Constitución, en su artículo 234, es clara: ante una falta temporal, la suplencia tiene un límite. Sin embargo, nos enfrentamos a una situación inédita. Nicolás Maduro, aunque se encuentra fuera del territorio nacional, por una condición de fuerza desde el 3 de enero de este año, no ha fallecido ni ha sido condenado judicialmente, elementos que tradicionalmente activarían la declaración inmediata de «falta absoluta».

Este es el gran nudo gordiano: pese a ello, el gobierno intenta sostener la continuidad administrativa en el país, aunque esto pudiera ser interpretado de ilegal, por quienes piden elecciones de manera inmediata.

No solo la narrativa oficial se desmorona ante la realidad del régimen de excepción bajo el cual vivimos desde aquel 3 de enero, sino el mismo pedimento también de la oposición que a diario lo hacen con vehemencia.

La intervención de fuerzas extranjeras y el traslado de Maduro a los Estados Unidos han dejado al Estado en un estado de tutela evidente. En este escenario, la soberanía nacional —ese concepto sagrado que alguna vez fue el pilar del discurso oficial y del pueblo venezolano, parece haber quedado relegado a un segundo plano, supeditado a las decisiones y pautas que emanan directamente desde Washington.

En medio de esta incertidumbre, la oposición venezolana exige, tal vez con razón constitucional, la convocatoria inmediata a comicios presidenciales. No obstante, el deseo de cambio político se topa con un muro invisible. La convocatoria electoral no depende hoy de la voluntad del soberano, ni del estricto cumplimiento de la ley, sino de los dictámenes de la administración de Donald Trump.

La política nacional ha sido reducida a un juego de espera donde el tablero lo mueve un actor externo, dejando a los venezolanos como meros espectadores de nuestro propio destino.

Esta parálisis es particularmente dolorosa cuando se observa la tragedia humanitaria que padecemos, agravada por la devastación causada por los recientes terremotos de finales de junio.

El país, para muchos, se cae a pedazos mientras la clase política, tanto en el gobierno como en la oposición, parece esperar luz verde desde el exterior para actuar.

¿Hasta cuándo mantendremos la ficción de la normalidad institucional?

La falta de una condena definitiva contra Maduro no debería ser el escudo, dicen algunos, tras el cual se esconda la clase política para eludir su responsabilidad, no obstante algunos magistrados consideran que es impropio que se declare la falta absoluta cuando ni siquiera el presidente Maduro ha sido sentenciado.

Es entendible que la urgencia nacional exige que se restablezca el orden constitucional, que se recupere la dignidad de nuestra soberanía, pero está es una decisión que se escapa de las manos de los venezolanos hoy en día.

Ciertamente Venezuela no puede seguir siendo un territorio tutelado.

Necesitamos una hoja de ruta clara que no dependa de la voluntad de terceros, sino de los intereses de una nación que clama por reconstruirse, por elegir libremente y por retomar, de una vez por todas, las riendas de su futuro, pero la realidad nos dice que Trump está ahí.

Son muchos los que piensan que la crisis no se resolverá en un escritorio fuera de nuestras fronteras, sino reconociendo la realidad y aplicando, sin miedo y sin tutelajes, la Constitución que nos rige.

Ante la realidad expuesta, resulta imperativo llamar a la reflexión a los diversos sectores de la oposición que, en un desespero por alcanzar el poder